PUEBLOS ORIGINARIOS

1873 – 1923: Cincuenta Años de Lucha por la Tierra en el Pueblo San Jerónimo Aculco Lídice*

Manuel Martínez Salazar  

Los originarios del Pueblo de San Jerónimo Aculco – Lídice cada vez somos menos, los que se van venden sus propiedades por diversas razones, entre ellas, porque dejaron de cultivar sus tierras como lo hicieron hasta la década de los setentas del siglo pasado, porque la transformación de tierras de uso agrícola a uso urbano trajo consigo la elevación del costo del impuesto predial.

Los que venden dejan su lugar a familias acomodadas, de altos y muy altos ingresos, los suficientes para pagar el valor del terreno, construir sus grandes o modestas residencias y muchas de las veces amurallarse para residir. Asimismo, en las últimas dos décadas el valor del suelo ha propiciado que proliferen los condominios, con lo cual familias de ingresos medio también pueden acceder a vivir en la zona pero sin tejer relaciones con la comunidad.

Lejos han quedado los tiempos en que las familias originarias se expandían casi sin freno demográfico y territorial, había mucho terreno por ocupar, las familias además de cultivarlo, también destinaban cierta superficie para construir sus viviendas en una parte de ellos, incluso los que lucharon para que se les dotara de tierras agrícolas.

Algunos propietarios fueron verdaderos terratenientes, algunos de ellos incluso se beneficiaron del reparto de tierras, otros más requirieron del reparto agrario para tener una superficie donde cultivar y un patrimonio propio. Aunque también hubo terratenientes que fueron afectados en sus tierras para que fuesen repartidas entre personas con necesidad.

En la historia se registra que a finales del siglo XIX diversos miembros de la comunidad hicieron gestiones para aumentar la superficie cultivable, es así que en 1873 piden se reparta en partes iguales el predio llamado “Ocotepec” localizado en el extremo noroeste del poblado, el que era una extensa propiedad del Sr. Antonio del Río.

La solicitud se realizó a la Prefectura de Tlalpan, unidad administrativa a la que en aquel entonces perteneció nuestro pueblo San Jerónimo Aculco. Los resultados fueron positivos, ya que el mes de noviembre de ese mismo año esa instancia respondió así: “…esta Prefectura se halla conforme con el acuerdo de esa corporación –el Pueblo de San Jerónimo Aculco- para que el citado reparto se haga sin distinción entre todos los jefes de familia, procediéndose con todos los requisitos legales…” Archivo Histórico de la Ciudad de México, Municipalidad de San Ángel, f. 3, Hh. 16 y 792.

La repartición del enorme predio delimitado por lo que hoy son las calles Santiago, Ocotepec, Corregidora, Magnolia y Porfirio Díaz se hace dos años después, no se conoce con precisión como se realizó, pero 50 años después, en 1923, el padrón oficial de propiedades detalla que la superficie repartida en 1873 constaba de 19 lotes, pero con 18 propietarios. Lo cual significa que alguno de los beneficiados se hizo de la propiedad de 2 de los 19 lotes.

La información disponible no permite reconstruir la historia con claridad, pero se deduce que la determinación de la Prefectura de Tlalpan no se ejecutó tal cual, ya que en el padrón de propiedades de 1923 se advierte que están manifestados sólo 2 de los 19 lotes, uno de ellos con una superficie de 1,484 m², y el otro con 411.78 m².^.el segundo 3.6 veces más pequeño que el primero, lo que denota inequidad en el reparto.

La asignación tampoco se realizó como señaló la autoridad de Tlalpan, que estipulaba “…que el citado reparto se haga sin distinción entre todos los jefes de familia…”

La autorización del reparto del predio “Ocotepec” tuvo que ver con las necesidades de mayor superficie agrícola, ya que apenas 3 años después del reparto el auxiliar municipal presenta a la Prefectura de Tlalpan una denuncia, porque indebidamente se ha construido una casa en esos terrenos que se repartieron para destinarse al cultivo. Archivo Histórico de la Ciudad de México, Municipalidad de San Ángel, caja 3, exp 74.

Casi medio siglo después de la afectación del predio Ocotepec, algunos habitantes de la localidad emprenden nuevas acciones para ser beneficiarios del reparto agrario con fundamento en la Ley Agraria de 1915. La justificación para tales acciones es la existencia de jefes de familia, mayores de edad, viudas y madres solas que no tenían tierra para cultivar.

En ese lapso transcurrieron dos generaciones y era de esperar que la mayor parte de propiedades trasmitidas de padres a hijos cada vez fueran de menor superficie, pero también ocurría el fenómeno contrario, unos cuantos propietarios cada vez poseían más tierras. Lo que generaba desigualdades económicas y sociales.

En octubre de 1923 se fecha una “Relación de Los Predios Ubicados en el Pueblo de San Gerónimo (sic) que Aparecen Registrados en los Padrones de la Municipalidad de San Ángel”, para entonces nuestro pueblo ya no pertenecía más a Tlalpan.

En esa relación destacan los casos de 5 terratenientes de los que se da a conocer las características de sus propiedades, las que previamente se habían manifestado en 1915.

Al comparar los datos de 1915 y 1923 se observa que 4 de ellos incrementan su patrimonio en los 8 años transcurridos, sólo uno de ellos lo ve disminuir, es el caso de Don José María Guevara, quien pasó de tener 20 a 19, las que en 1923 valían $5,036.00, con lo cual destacó como el que poseía la mayor riqueza por el valor de sus bienes, en 1915 la superficie de sus terrenos sumaba 64 mil m².

Los cuatro terratenientes que incrementan su patrimonio de 1915 a 1923 son Marciano Romero que pasó de 3 a 23, Camilo Alarcón que tuvo 16 y luego 20, Atanasio Castañeda con 4 y luego 10, y Ricardo Romero que tenía 3 y alcanzó 8.

Estos 4, más el Sr. Guevara, poseían en 1915 en total 46 propiedades con una superficie de 17.8 hectáreas de terreno, cifra que representa casi el 10 % de la superficie del territorio actual de lo que hoy oficialmente se denomina San Jerónimo Lídice. Ocho años después, en 1923, sus propiedades se elevaron hasta alcanzar la cifra de 80.

En 1923, además de los 5 propietarios señalados, también sobresalen los siguientes que son parte de los 10 principales terratenientes: José María Romero con 18, Juan Sosa con 11, Darío Heredia con 11, Atanasio Alarcón con 9, Dámaso Romero con 9 y Ricardo Romero con 8. Que en total contaban con 58 lotes, cada uno de los cuales con dimensiones y valores diversos. Para estos últimos se desconocen las características de sus bienes en la localidad para el año 1915.

Como cualquier otro terrateniente, los de San Jerónimo Aculco además de bienes también tenían poder político, muestra de ellos es que cuando se crea el municipio de La Magdalena Contreras en 1927, en ese gobierno municipal figuraban el Sr. Felipe Heredia como administrador del rastro, hermano de Don Darío, quien en 1923 declaró tener 11 propiedades, asimismo el Sr. Atanasio Castañeda que ocupó el cargo de Juez de Paz, a la vez que era propietario de 10 terrenos, 6 más que las que declaró en 1915.

El hecho de que algunos terratenientes variaran el numero de sus propiedades de 1915 a 1923, sin duda obedece a  la instrumentación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 promulgada por Venustiano Carranza, de la que se desprendieron diversas acciones de gobierno, entre ellas el decreto del 4 de julio de de 1915 que obligó a los propietarios dar a conocer el número de propiedades, su extensión y uso.

Es evidente que los datos de 1915 no muestran la realidad de cada propietario a pesar de esa disposición, y del propósito central de la Ley que fue expropiar los terratenientes para hacer las dotación a los campesinos sin tierra para cultivar, asimismo se declaró la nulidad de las enajenaciones basadas en la Ley de desamortización de 1856 y de las concesiones hechas por Porfirio Díaz.

Es hasta 1921 cuando los estudios de campo para la dotación de ejido se comienzan a realizar en la localidad, motivo por el cual los terratenientes declaran en 1923 sus datos reales a fin de evitar ser afectados. Los datos dejan al descubierto que en San Jerónimo Aculco, mientras 10 personas poseían 138 propiedades, había 168 jefes de familia y varones sin propiedad alguna que legítimamente reclamaban tierras para cultivo.

No obstante esas precauciones, lo que les ayudó a estos terratenientes para que en el reparto ejidal de 1923 quedaran al margen de las expropiaciones fueron los lazos de parentesco con la comunidad, así como lo disperso y disímbolo de sus propiedades.

Es importante destacar que el reparto agrario cobró gran impulso en el sur del Distrito Federal, el que estaba fuertemente influenciado por el zapatismo, ya que la intención política de Venustiano Carranza con la Ley Agraria era arrebatarle banderas de lucha al villismo y zapatismo, para así ganar para sí el apoyo campesino.

Quizá por esa razón la dotación de ejido para San Jerónimo Aculco no fue del todo un ejercicio justo y equitativo, ello se puede observar en los alegatos de defensa contra la expropiación de parte del Rancho de Anzaldo, ya que entre los solicitantes, a la postre beneficiados con la dotación, sobresalen Simón y Manuel, hijos de Don Camilo Alarcón, que en 1923 tenían 20 terrenos con un valor estimado en $15,000.00, lo que le daba gran solvencia económica a la familia, argumentó la defensa del Rancho.

En este mismo sentido de ganarse la voluntad de campesinos y comunidades se entiende que algunos terratenientes del pueblo no solo no fueron afectados por las expropiaciones, sino que incluso a algunos de ellos, como el señalado, se les benefició con el otorgamiento de parcelas.

Asimismo, es de destacar que el padrón de solicitantes de ejido en un principio fue de 193 personas, el reparto sin embargo beneficio sólo a 168, se excluyeron a 25 porque algunos no vivían en la comunidad, otros estaban muertos, algunos más eran obreros que no vivían del campo.

La lucha por la tierra no termina ahí, ya que la dotación ejidal no satisfizo ni en calidad ni en cantidad de tierras a los del Pueblo de San Jerónimo Aculco, por lo que en 1935 comenzaron gestiones para ampliar la superficie ejidal.

En 1931 Luis Cabrera, ideólogo redactor de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 también hace una valoración similar a nivel nacional, señala que la política ejidal deja mucho que desear y la propiedad ejidal sigue todavía insegura y estéril, no han sido erradicadas las causas de inconformidad y violencia social.

* Publicado originalmente en la siguiente dirección
http://sanjeronimoaculcolid.wix.com/consejovecinal